• El uso de la caja fija para contrataciones fraudulentas incrementa la sospecha de otra vía para la posible financiación irregular del PP

La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, se ha referido hoy a las informaciones que surgen alrededor de la utilización de la caja fija por parte de los gobiernos del PP después de que el TSJ haya emitido una sentencia que obliga el Consell a entregar a Compromís las facturas de estos gastos desde el año 2006.

 

Oltra ha señalado que además del uso de la caja fija por los altos cargos como unas tarjetas black para cargar todo tipo de gastos particulares, se ha utilizado la caja fija para realizar contrataciones irregulares y fraudulentas, «con lo cual volvemos nuevamente a estar ante sospechas de una posible vía de financiación irregular del PP, favoreciendo a determinadas empresas, no sacando esas contrataciones a concurso público con la transparencia y publicidad que requiere».

 

Según la parlamentaria de Compromís “la caja fija tiene un sentido dentro de la gestión de la administración, como es afrontar algún pago urgente que no puede esperar a la convocatoria de un concurso público o algunos tipos de suministros con los que no se pueden alargar los plazos administrativos, pero sabemos que se ha utilizado mal”.

 

“Los gobiernos del PP han usado la caja fija para dos cuestiones, una para esconder contratos que tendrían que haberse adjudicado por concurso público y la otra como tarjetas black de los altos cargos del gobierno para cargar sus gastos particulares en las arcas públicas. Es una cosa que queremos destapar, por eso llevamos tres años pidiendo esta documentación al Consell”.

 

Para Oltra “el gobierno del PP no nos quiere dar la documentación de la caja fija y ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJ porque sabe que si esta información se hace pública saldrá toda esta porquería e ilegalidades de las que estamos hablando. Para que la gente se haga una idea en el caso de las tarjetas opacas de Bankia estamos hablando de 15 millones de euros y la caja fija de la Generalitat desde del año 2006 ha supuesto más de 1.000 millones de euros”.

 

“Si esas facturas de la caja fija salen a la luz pública en el PP no tendrán sólo un problema de opinión pública sino un problema judicial, por eso Alberto Fabra quiere recurrir ante el Supremo aunque sea utilizando un argumento ridículo como el de la cantidad de fotocopias que tendrían que hacer para darnos la documentación, cuando todo el mundo sabe que esto está completamente informatizado y sólo tienen que pulsar un botón para facilitárnoslo”, ha concluido Oltra.